Un informe demoledor revela que más de la mitad de la red viaria estatal presenta daños graves o muy graves. El tiempo, el asfalto y la negligencia se han aliado contra la seguridad vial. Artículo de faconauto.com.
El asfalto no es solo una superficie: es un pacto. Una promesa tácita entre quien lo construye y quien lo transita. Cada grieta que se abre sin reparación, cada señal que desaparece, cada bache que sobrevive al invierno rompe ese acuerdo, fragmenta la confianza, y convierte el trayecto en un riesgo. En julio de 2025, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha puesto cifras a esa fractura: el 52% de la red viaria estatal está en un estado deficiente, el peor desde que existen registros.
El dato, contenido en su informe bienal -un termómetro técnico pero también moral de la inversión pública- no es un simple indicador de deterioro material. Es la constatación de una dejadez prolongada, de una desatención institucional sostenida en el tiempo, que se ha extendido por más de 54.000 kilómetros de carreteras. Un tercio de esa red requiere intervención urgente en menos de un año.
Un país de capas agotadas
El estudio de la AEC examina el estado funcional del firme, la señalización horizontal y vertical, el drenaje, y las barreras de contención. Y lo hace con la objetividad que impone una metodología técnica aplicada a miles de kilómetros de observación directa. El resultado es inequívoco: las carreteras españolas están envejecidas, mal conservadas y peligrosas.
En términos de costes, la fotografía es aún más desoladora: se necesitarían 13.491 millones de euros para devolver el estado de conservación a niveles aceptables, una cifra que equivale a casi todo el presupuesto anual del Ministerio de Transportes. Pero lo más grave no es lo que cuesta repararlas: es lo que cuesta no hacerlo.
Según estimaciones del propio Ministerio del Interior y la DGT, el impacto económico y sanitario de los siniestros viales derivados de malas condiciones de la vía supera cada año los 3.000 millones de euros, sin contar con el sufrimiento intangible y las vidas rotas que no se computan en los balances.
Seguridad vial y responsabilidad institucional
No es casualidad que los tramos con más concentración de accidentes coincidan, en buena parte, con los puntos detectados por la AEC como de mantenimiento deficiente. Y sin embargo, el discurso oficial sobre seguridad vial sigue centrado en la responsabilidad del conductor, en las distracciones, el exceso de velocidad o el alcohol. Pero, como recuerda la Fundación RACE en sus informes anuales, el entorno también mata. Una curva sin peralte adecuado, un guardarraíl obsoleto o una señal ilegible no son circunstancias: son causas directas de muerte.
El informe de la AEC rompe así con el relato cómodo de la siniestralidad auto infligida. La geografía de los accidentes no es azarosa: es política. Es el resultado de décadas de priorizar otras partidas, de asumir que la carretera aguanta todo, de posponer lo inaplazable.
Un horizonte en el espejo retrovisor
Lo paradójico es que España llegó a estar entre los cinco países europeos con mejor red viaria hace apenas 15 años. Pero la crisis económica de 2008 marcó un punto de inflexión: desde entonces, la inversión en mantenimiento ha caído sistemáticamente por debajo de los niveles recomendados. Y aunque las grandes infraestructuras (autovías y autopistas) absorben la atención, son las carreteras secundarias —donde ocurren más del 70% de los accidentes mortales— las más abandonadas.
Lo que el informe de la AEC exige no es una reacción mediática, sino una rectificación estructural. Una estrategia de conservación planificada, con inversión garantizada y con responsabilidad compartida entre administraciones. Porque cuando el asfalto se resquebraja, lo que se rompe no es solo la carretera: es la confianza en un Estado que debía proteger la vida incluso cuando esta circula a 90 km/h.