El CIS ha aprovechado su última encuesta para preguntar sobre la idea de la UE de permitir que se sigan vendiendo automóviles de combustión más allá de 2035, algo a lo que España se opone. Félix Cerezo en elmundo.es.
En el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el primer aspecto que se pregunta a los más de 4.000 españoles que fueron entrevistados recoge, en primer lugar, su opinión sobre la crisis internacional que ha generado el ataque de Israel y EEUU a Irán. Para, a continuación, abordar un aspecto hasta ahora inédito: el debate que gira alrededor del coche de combustión y hasta cuando se debería seguir permitiendo su venta en nuestro país.
Todo, en un contexto marcado por dos posiciones. Por un lado, la apuesta decidida del Gobierno español por promover al coche eléctrico como principal y casi única palanca para la descarbonización. Por el otro, los vaivenes dados por la Comisión Europea, que empezó proponiendo que desde 2035 esos automóviles fuesen los únicos que se pudieran vender, pero que el pasado mes de diciembre flexibilizó ligeramente su postura al bajar del 100% al 90% la reducción de emisiones de CO2 vinculadas al automóvil. Lo cual suponía abrir, aunque pequeñísima, una puerta a la supervivencia de automóviles con motor de combustión (hibridados, eso sí) más allá de aquel año.
Y la respuesta ha sido contundente: el 85% de quienes hoy tienen un automóvil de gasolina o de gasóleo, que son siete de cada 10 ciudadanos, no tienen pensado cambiarlo por uno 100% eléctrico en los próximos cinco años. De hecho, la gran mayoría de estos usuarios (más del 91%) se muestran “muy satisfecho o bastante satisfecho” con el automóvil que poseen actualmente.
Además, si se considera toda la muestra, incluyendo también los que no tienen vehículo o este tiene otra tecnología, el resultado es igualmente descorazonador para las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El porcentaje de los que no se plantean pasarse a un modelo exclusivamente de baterías es todavía del 56,4%.
Las razones del rechazo
El estudio del CIS no aborda las razones de este rechazo, que son más que conocidas. En primer lugar, un automóvil 100% eléctrico de tipo medio no satisface por autonomía y red de recarga, las necesidades de un español de tipo medio. En segundo lugar, siguen siendo más caros que una alternativa de combustión o hibridado en mayor o menor grado. Y, en tercer lugar, por mucho que se empeñen los políticos, cientos de miles de hogares españoles no disponen de capacidad para adquirir un coche nuevo que, como media, se ha encarecido un 40% desde 2019 mientras los presupuestos familiares se ven recortados, año tras año, por el incremento del coste de la vida. Aparte de que, al menos a nivel estatal, solo se conceden ayudas a la compra a los modelos con enchufe.
En este sentido, el brutal incremento de los precios de los combustibles a causa de la crisis en Irán hace, sobre el papel, mucho más atractivos los automóviles 100% eléctricos, cuyo gasto en energía es muy inferior al de un coche tradicional. Pero el resultado final apunta más a que lo que harán muchos ciudadanos es usar menos el vehículo privado, no saltar a uno mucho más caro que, además, no tendrán donde enchufar.
La encuesta también aborda el cambio de postura de la Comisión Europea que permitiría la venta de vehículos de combustión más allá de 2035 y, en este caso, las opiniones se muestran más divididas: un 46,8% dice estar “muy de acuerdo o bastante de acuerdo” con esa nueva posición, frente a un 38,3% que se muestra “poco o nada de acuerdo”.
División en el seno de la UE
No obstante, no se trata de una decisión definitiva y tampoco los Estados miembros muestran una posición homogénea al respecto. Este lunes, los ministros de Medio Ambiente de los 27 países de la Unión Europea abordaron el tema con dos bloques enfrentados. Por un lado, España se mantiene férrea en su oposición a flexibilizar los objetivos de emisiones de CO2 de los coches y furgonetas, como ya expuso en una carta enviada en diciembre a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Suecia es de la misma opinión que nuestro país, con quien comparte el mensaje de que estos cambios pueden “desdibujar la señal regulatoria que llega al sector y frenar su transformación”.
Aunque lo que la industria plantea es precisamente que esa flexibilización, y el apoyo a otras tecnologías, les permitirá afrontar su descarbonización sin perder competitividad. Al menos, mientras que la demanda de coches 100% eléctricos se mantengan en niveles tan bajos como los actuales (no llega ni al 20% del total de las matriculaciones) con el riesgo añadido que supone el dominio de esta tecnología por parte de los fabricantes chinos que también la ofrecen a precios mucho más competitivos.
Es esta la posición que defienden Alemania, Italia o República Checa, tres países con plantas de producción de vehículos como España, desde hace muchos años la segunda potencia europea en este apartado.
